El proyecto bitcoin de Nayib Bukele atraviesa una nueva fase. El 1 de octubre de 2026, el Fondo Monetario Internacional completó la segunda y tercera revisión de su programa con El Salvador, dejando disponible un desembolso de unos 138 millones de dólares.
Entre los avances recogidos figura el traspaso de la participación mayoritaria y el control de Chivo a un operador privado. La billetera que acompañó la apuesta presidencial de 2021 cambia así de estructura.
La decisión forma parte de un acuerdo económico más amplio, no de una operación dedicada exclusivamente a las criptomonedas. El comunicado del FMI también aborda las finanzas públicas y la supervisión financiera. Pero Chivo concentra buena parte del interés del episodio: permite observar qué sucede cuando una aplicación promovida por un gobierno pasa a tener otro centro de decisión.
El movimiento ya aparecía en el acuerdo técnico anunciado el 3 de septiembre. Entonces, el Fondo explicó que el Estado conservaba una participación minoritaria y responsabilidades de custodia sobre los activos de los clientes. El control operativo y la responsabilidad sobre esos fondos, por tanto, no quedaron descritos como una misma función. Esa separación es decisiva para entender el alcance del cambio.
## El control de Chivo y la custodia de los fondos
Para quien utiliza una billetera, la marca es la parte visible de un servicio que tiene una empresa detrás. Un cambio de propietario puede pasar inadvertido en la pantalla, aunque modifique quién toma decisiones sobre su funcionamiento. El caso salvadoreño obliga a distinguir ese nivel empresarial de otro más concreto: las obligaciones de quienes mantienen los activos de los clientes y las condiciones bajo las que estos pueden recuperarlos.
Es también una distinción útil al consultar reseñas cripto: quién opera una plataforma, quién guarda los fondos y cómo se tramitan los retiros importan más que la notoriedad de su nombre. En Chivo, la cuestión tiene una particularidad: el Estado conserva responsabilidades de custodia, según el acuerdo de septiembre, pese a haber cedido el control operativo.
El detalle publicado el 3 de septiembre tampoco equivale a un anuncio de venta de las reservas nacionales de bitcoin. La participación en la empresa, los activos de los clientes y las tenencias públicas son conceptos distintos. La transferencia de control de la billetera no permite concluir, por sí sola, que el Estado haya liquidado su posición en la criptomoneda.
## De los 30 dólares iniciales a un operador privado
Chivo nació con una relación mucho más directa entre la Presidencia y el usuario. En junio de 2021, Bukele explicó el incentivo de 30 dólares en bitcoin para quienes se registraran, anunció su disponibilidad para el 7 de septiembre y presentó una aplicación gratuita. La propuesta incluía enviar remesas, hacer pagos y convertir entre bitcoin y dólares sin comisiones, según las condiciones que el Gobierno comunicaba entonces.
La explicación original de la Presidencia muestra que el proyecto buscaba entrar en operaciones cotidianas, más allá de la compra de un activo a la espera de que subiera de precio. El incentivo servía para atraer registros; los pagos y las remesas debían dar motivos para seguir usando la aplicación. Descargar una billetera y convertirla en un hábito financiero eran dos desafíos separados.
También había infraestructura física. En agosto de aquel año, el Ejecutivo anunció 200 cajeros y 50 sucursales como parte del despliegue, junto con la conversión inmediata entre bitcoin y dólares. Esa red ayudaba a explicar la ambición del proyecto: conectar una aplicación con dinero utilizable fuera del teléfono. Son las características anunciadas para el lanzamiento de 2021, no un inventario actualizado de puntos de atención.
El anuncio de agosto de 2021 insistía en que el dólar seguiría como referencia de las operaciones. Esa combinación explica por qué Chivo no puede analizarse únicamente como una apuesta especulativa. Para una familia que recibe dinero, la utilidad de una billetera depende de poder disponer de él; para quien mantiene bitcoin, también importa la variación de su precio. Ambos usos pueden convivir, pero no se evalúan del mismo modo.
Cinco años después, la atención se desplaza hacia la continuidad de esas funciones bajo otra estructura empresarial. El nombre de Bukele sigue ligado al origen del proyecto, mientras que el funcionamiento diario necesita responsables identificables. El respaldo de una figura pública puede dar visibilidad a una aplicación; no sustituye las condiciones que rigen una transferencia o la respuesta ante una incidencia.
## Un préstamo por etapas y compromisos anteriores
La salida parcial del Estado de Chivo no surgió de repente en octubre. En la primera revisión, concluida el 27 de junio de 2025, el Fondo ya reclamaba reducir la participación pública en la billetera y contener los riesgos vinculados al bitcoin. También pedía mantener sin aumento las tenencias del sector público y mejorar la supervisión de los criptoactivos. La nueva etapa permite contrastar aquellos compromisos con las medidas posteriores.
El programa tiene una duración de 40 meses y un acceso total de aproximadamente 1.400 millones de dólares.
Ese importe no llegó al país en un único pago. El mecanismo del Servicio Ampliado del FMI distribuye los desembolsos a lo largo del programa y los condiciona al seguimiento de sus objetivos, como explica el propio organismo en sus preguntas sobre el acuerdo con El Salvador.
La secuencia también importa. El entendimiento de septiembre todavía requería la aprobación del Directorio Ejecutivo. La decisión de octubre completó ese paso y habilitó el nuevo desembolso. Para el Gobierno, avanzar en las revisiones significa mantener el acceso a una financiación prevista en el programa; para el Fondo, comprobar la aplicación de las medidas acordadas. Chivo forma parte de esa negociación, pero no la explica por completo.
En cuanto a la acumulación de bitcoin, el comunicado de septiembre atribuyó el incremento posterior a la primera revisión a donaciones privadas documentadas, sin recursos públicos.
Esa explicación no permite deducir, sin más, cuánto costó toda la política bitcoin ni cuál ha sido su rendimiento. Para responder a esas preguntas harían falta las operaciones y sus fechas, además del saldo observado en un momento determinado.
## Las cuentas que siguen abiertas en la nueva etapa
El FMI mantiene la transparencia de los criptoactivos públicos entre las tareas pendientes. En octubre pidió mejorar la información sobre esas tenencias y reforzar el marco de regulación y supervisión de los proveedores, incluyendo modificaciones a la Ley de Emisión de Activos Digitales. La transferencia de Chivo, por tanto, no agota la agenda vinculada al sector.
Publicar una cantidad de bitcoin ayuda a conocer una posición, pero no explica por sí sola quién responde por su administración. Una evaluación completa necesita poder relacionar los activos con su titular y con las obligaciones asociadas. En una billetera que mezcla una historia de promoción estatal con una nueva gestión privada, esa información permite comprender qué ha cambiado realmente y qué responsabilidad continúa en manos públicas.
El interés del caso para América Latina está precisamente en esa separación. Una política de adopción, una empresa que presta servicios y una inversión en criptomonedas pueden aparecer juntas en el discurso público, aunque tengan objetivos distintos. Evaluar sus resultados como si fueran una sola apuesta deja fuera preguntas básicas sobre costos, uso del servicio y exposición del presupuesto.
La siguiente fase del proyecto de Bukele se medirá en esos detalles. El cambio de control ya figura en la documentación del Fondo; ahora importa cómo se explican las responsabilidades que permanecen y cómo avanza la supervisión. Para los usuarios de Chivo, la nueva etapa tendrá sentido en cuestiones más inmediatas que un anuncio presidencial: quién responde por sus fondos y bajo qué condiciones pueden utilizarlos.
